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La reciente vandalización del Museo Nacional de Bellas Arte (MNBA) por parte de dos jóvenes que rayaron con grafitis la cúpula del costado suroriente del palacio patrimonio nacional y construido en 1925, ha provocado reacciones en el mundo del arte y la arquitectura, así como de autoridades que ven con preocupación el deterioro del patrimonio cultural del país.

No obstante que, por parte del Museo se está realizando una investigación exhaustiva, tanto por parte de su dirección, como por la Brigada Investigadoras de Delitos Contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural de la PDI, y que el gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego, presentara una querella contra quienes resulten responsables, pareciera que la fórmula coactiva no ha dado los resultados que se esperan y el deterioro de bienes públicos parece una tendencia instalada contra la que solo una contraofensiva cultural a todo nivel podrá detenerla.

Por de pronto, la legislación actual indica que el daño a Monumento Nacional involucra penas que van desde 541 días hasta 3 años de cárcel y multas de hasta 12 millones de pesos. Orrego espera que esa señal limite acciones similares y que se “acabe la fiesta” que ha normalizado el rayado urbano caótico y anómico, tal como señalaron académicos de la facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la Universidad San Sebastián, en carta a El Mercurio condenando el rayado. «El vandalismo alcanzó las cúpulas», comienza el escrito cuyo mensaje central es que «el rayado tiene invadido el espacio público, como si toda la ciudad fuera una zona de sacrificio (…) una lástima que hoy muchos lo normalizan».

Por su parte, el arquitecto de la Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA), Gonzalo Mardones, en carta al mismo medio, acusó una toma de decisiones «irracional y permisiva» por parte de las autoridades frente a «estos atentados feroces contra nuestras ciudades, monumentos y nuestro territorio (…) el genocidio urbano es el acto de destruir ciudades, y por tanto, aniquila la belleza, borrando el arte y la cultura. ¿Hasta cuándo esta permisividad que cultiva el odio a lo culto y a la belleza, que nos impide volver a la tan soñada vuelta a una convivencia culta y pacífica?», sostiene.

Pero, como se sabe, este no es el primero ni único ataque al MNBA. La concejala de Santiago y presidenta de la Comisión de Barrios, Patrimonio y Desarrollo Urbano, Rosario Carvajal dijo a “El Mercurio” que no sólo los museos están siendo afectados por este tipo de hechos, sino que se han extendido a «bibliotecas, las fachadas de zonas típicas, como en el barrio Yungay”, estimando que «falta mayor proactividad desde las instituciones, principalmente desde el Ministerio de las Culturas y el Consejo de Monumentos».

En marzo, Yves Besaçon, arquitecto colegiado y académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, por su parte, envió una carta a El Mercurio expresando su preocupación por el estado de la sede del Colegio de Arquitectos, afirmando que el monumento histórico se había transformado «en soporte de lienzos y grafittis», no obstante la obligación de mantenerlo. La presidenta del gremio, Jadille Baza, dijo a “El Mercurio” que había coordinación con el municipio de Santiago para realizar “la cuarta restauración de la fachada, proceso que se había truncado por el estallido social”.

Precisamente el 18-O y constantes manifestaciones posteriores es uno de los factores que ha sindicado como aspecto relevante en el deterioro del patrimonio urbano. En el contexto del Día del Patrimonio, el ex presidente del Consejo de Monumentos Nacionales, Emilio de la Cerda advirtió en declaraciones a “El Mercurio” que «el patrimonio del país está sometido a un momento de inflexión, en parte por los fenómenos que se detonan desde la revuelta de octubre que produce un daño muy severo en el patrimonio de Chile, al menos en el patrimonio urbano».

Ha añadido luego que existe, además, una suerte de una obsolescencia material de los bienes, y por «el desarrollo inmobiliario, donde se pierde mucho patrimonio; sumada la destrucción deliberada de parte de grupos que refleja esa desafección, que lo ven como símbolos ofensivos u opresores, y lo atacan como una forma de cuestionar, como por ejemplo, el Monumento a Baquedano o las iglesias».  A su juicio, tras el estallido social, «se generó una confusión bien compleja que no fue suficientemente con condenar el daño. Fue muy notorio el silencio frente a la destrucción a la ciudad».

En todo caso, de la Cerda estima que esa pulsión «se ha ido moderando, y cada vez hay más voces críticas frente a la destrucción de la ciudad; se ha ido instalando un verdadero hastío y ese es un cambio importante».

Según cree Rosario Carvajal, para avanzar en un cambio en esta materia son necesarias varias acciones en distintos ejes. «Primero, la fiscalización, que es fundamental, porque cuando se habla de la naturalización de que se vandalice nuestro patrimonio, falta mayor seguimiento a estos hechos; y, segundo, la prevención que incluya educación, para sensibilizar a la población sobre los valores patrimoniales».

Sobre el marco legal, hay cierta coincidencia en que «está obsoleto, hace muchas décadas. No nos entrega herramientas adecuadas para no solo proteger el patrimonio dañado, sino gestionar, reconocer y difundir adecuadamente el patrimonio cultural».  La ley de Monumentos Nacionales es del año ’70, basada en un decreto de 1925, por lo que el cuerpo legal está a un par de años de cumplir un siglo. Y si bien hay proyectos de ley en el Congreso desde 2019 y una indicación sustitutiva de 2021 el debate técnico se tensionó con lo político y tras haberse aprobado en primer trámite en la Cámara, está hoy en el Senado en segundo trámite constitucional.