La exposición “Saltamos un torniquete para abrir las alamedas” convocada en el microteatro del Centro Cultural Daniel de la Vega de Quilpué hasta el 15 de diciembre provocó la molestia de diputados de RN, quienes, encabezados por su jefe de bancada, Andrés Longton, denunciaron una actividad -con título alusivo a las evasiones durante el estallido- que, dijeron, celebra la violencia, pidiendo conocer si hay uso de recursos públicos en ello.
Longton, junto a los diputados Andrés Celis y Diego Schalper, enviaron oficios al Ministerio de las Culturas Artes y Patrimonio y a la Municipalidad de Quilpué en los que solicitan conocer si dicha actividad es realizada con fondos públicos o no.
El año pasado los mismos diputados lanzaron denuncias contra la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, por un video musical en que una de las consignas hacia los jóvenes era “siento que debes empoderarte y volar, saltarse todos los torniquetes”.
En este caso, el tema provocó especialmente molestia en los opositores pues ese mismo municipio, liderado por Valeria Melipillán (Convergencia Social), ya había sido cuestionado anteriormente por prescindencia electoral.
En agosto pasado la Contraloría le dio la razón a una denuncia de intervencionismo que interpusieron los diputados de RN en contra de la municipalidad, acusando que la jefa comunal había promovido la opción del Apruebo para el plebiscito de salida.
“No podemos aceptar que con fondos de todos los chilenos se esté promoviendo la violencia y avalando acciones como saltar los torniquetes, que finalmente perjudican a toda nuestra sociedad», agregó por su parte Celis.
Mientras que Schalper sostuvo: “Es importante que tanto la alcaldesa de Quilpué como la ministra Brodsky transparenten los recursos públicos que hay involucrados en esta actividad, y al mismo tiempo que expliquen cuál es el sentido de denominarla de una manera que atenta contra la unidad que Chile necesita, en momentos en que poco a poco nos vamos recomponiendo socialmente después de la fractura generada el 18 de octubre del 2019″.
Posterior a la denuncia, el colectivo Bordados por la Memoria emitió una declaración pública en la que afirmó que la exposición “no depende de ningún organismo público».