Luego de quince días de paralización, que mantuvo a una veintena de museos, bibliotecas y archivos públicos regionales nacionales y regionales cerrados al público, este miércoles la Asociación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Patrimonio (Anatrap) y del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (AnfuPatrimonio) acordaron con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio deponer la movilización para iniciar las conversaciones que permitan avanzar en la solución de las demandas de los funcionarios.
Los trabajadores habían iniciado el paro el 21 de junio pasado denunciando que, tras cuatro años de la creación del ministerio respectivo, el Servicio Nacional del Patrimonio aún no cuenta con una planta oficial definitiva, hecho que se traduce no solo en incertidumbre laboral, sino en el estancamiento de sumarios pendientes y escaso avance en la modernización que requieren estos servicios culturales.
Los gremios llevaron a cabo varias reuniones con representantes de la cartera, en dos de las cuales estuvo presente la ministra Julieta Brodsky, tanto al principio de la movilización como el martes pasado, cuando las asociaciones llegaron al ministerio a presentar su propuesta a la secretaria de Estado, tras una suspendida sesión el pasado jueves 30.
La presidenta de la AnfuPatrimonio, Rocío Fernández informó a La Tercera que “el paro terminó (…)» agradeciendo a los funcionarios «que resistieron y colaboraron acompañándonos y también la voluntad política que existe hoy día desde el ministerio y desde la subsecretaría, esto se viene repitiendo desde hace mucho tiempo y deseamos que se termine”, apuntando a “la situación de los funcionarios precarizados, sin mejoras, con merma en sus dotaciones”.
Por su parte, Margarita Hormazábal, presidenta de la Anatrap, agregó que la asamblea de trabajadores “aceptó el petitorio con un 76% de aprobación y se determinó que ya estamos en condiciones de firmar el documento (…) para empezar desde el lunes a trabajar en las distintas comisiones las demandas que expusimos en el petitorio”. Así y todo, dijo que, no obstante, “se acordó mantenernos en estado de alerta para hacer seguimiento de los plazos de los compromisos que adquirimos”.
El acuerdo marco fue firmado por la ministra Brodsky, la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Paulina Soto, y los gremios y contempla la conformación de una mesa de trabajo permanente que aborde las condiciones laborales de los trabajadores del servicio y dé cumplimiento a los compromisos adquiridos.
La ministra Brodsky dijo que “mejorar las condiciones laborales a través del diálogo y el trabajo en conjunto es un compromiso de este gobierno y también del Ministerio de las Culturas, más aún cuando se trata de trabajadoras y trabajadores que fueron completamente abandonados durante la administración anterior”, añadiendo que «el diálogo no concluye con este acuerdo. Para ello contamos plazos concretos y una mesa de trabajo conjunto para abordar, no solo mañana, sino a largo plazo, los problemas estructurales del servicio”.
EL DOCUMENTO DE ACUERDO
El documento señala: “Como una forma de reponer las confianzas entre ambas partes (…) la autoridad ministerial ha resuelto cambiar la subrogancia del Servicio Nacional del Patrimonio cultural, como también el cargo de subdirector de Planificación y Presupuesto”.
Rolando Parra, dirigente de AnfuPatrimonio en Valparaíso, denunció que el director (s) del Servicio, Javier Díaz, “es uno de los responsables de que se hubieran hecho mal los presupuestos” para 2022, lo que motivó en parte la movilización. “Ahora en junio se tenía que pagar una diferencia en dinero a los profesionales que habían postulado a pasar de contrata a planta (…) pero llegó junio y nos dimos cuenta que no había dinero (…) y había que esperar hasta octubre para poder presupuestar al próximo año (la diferencia) o pedir un adicional (…) ambos gremios pataleamos al tiro. Había compromisos adquiridos. Se mintió definitivamente”.
En el documento también indica que la mesa de trabajo abordará la implementación de la nueva planta y de las direcciones regionales, los sumarios pendientes, mejoras al área de Seguridad -para trabajar la nivelación de sueldos y el fortalecimiento técnico, entre otras- y al área de Higiene y Seguridad -para el desarrollo de compromisos asociados a la salud física y mental los y las funcionarias-, solicitar un aumento del presupuesto del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural en 20% -con la participación de las asociaciones en el proceso-, y trabajar problemáticas específicas que afectan el quehacer del Consejo de Monumentos Nacionales y del Museo Mapuche de Cañete.
En cuanto a recursos, la Ministra de las Culturas defenderá “esta solicitud de aumento para 2023, en todas las instancias involucradas en el proceso” y se acordó solicitar, para el próximo año, el traspaso de 100 trabajadores a honorarios a la modalidad contrata.
Respecto de los sumarios, “se compromete la contratación de un profesional (abogado/a) para apoyar la División Jurídica y con dedicación exclusiva. Que tenga enfoque de derechos humanos, de género e inclusión” y “apoyo terapéutico a víctimas y victimarios/as de maltrato, acoso laboral y acoso sexual”. Asimismo, en cuanto a la Unidad de Seguridad, se creará “durante el mes de julio la comisión jurídica que analice la normativa actual que afecta a vigilantes y guardias de seguridad, garantizando los derechos adquiridos” y a “aumentar la dotación en nueve funcionarios durante el segundo semestre de 2022″.
El acuerdo cierra señalando que “no existirán represalias, ni descuentos, ni sanciones o amenazas de ningún tipo a las y los trabajadores que movilizados durante este paro”.